El Congresista Walter Menchola, vocero del Grupo Parlamentario Alianza Nacional, manifestó que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena restituir el arancel de 12% al cemento importado, resulta atentatoria para el mercado, fractura directamente la capacidad constitucional que tiene el Ejecutivo, de dirigir la política general de gobierno, donde se determina, que corresponde al Presidente de la República regular las tarifas arancelarias; y colisiona frontalmente con los principios del mercado, sentando una vez más, otro grave precedente para el Tribunal Constitucional, por el que una vez más, excede su función de velar por la constitucionalidad de las leyes, violentando estructuras de gobierno propias de la democracia, y pretendiendo una intromisión inaceptable dentro de la economía del país a través del control arancelario mediante una sentencia jurisdiccional del Tribunal Constitucional, que atenta contra el orden económico interno, como el campo de nuestras relaciones internacionales a través de un atentado grave a los Tratados de Libre Comercio.
Esta Sentencia como otras, coloca al Perú en un peligroso estado de inestabilidad jurídica, y en ésta época de dificultades económicas mundiales, cuando nuestro país muestra equilibrio en su manejo fiscal no podemos dar signos equivocados mediante errores como el que nuevamente comete el TC cuando los supuestos beneficios de ésta sentencia, terminarían siendo perjudiciales para la propia industria nacional.
Es hora, de que el Congreso evalúe no solo a los miembros del Tribunal Constitucional para su acceso al cargo, sino la capacidad que tiene éste mismo, como órgano institucional colegiado del Estado, de garantizar sus actos jurídicos y su responsabilidad sobre ellos, dado que si sus acciones jurisdiccionales dañan al propio sistema evitando que avance, por la intromisión o exceso de sus funciones o competencias, es propio que deba responder de los daños que con ello ocasiones al país.
Esta Sentencia como otras, coloca al Perú en un peligroso estado de inestabilidad jurídica, y en ésta época de dificultades económicas mundiales, cuando nuestro país muestra equilibrio en su manejo fiscal no podemos dar signos equivocados mediante errores como el que nuevamente comete el TC cuando los supuestos beneficios de ésta sentencia, terminarían siendo perjudiciales para la propia industria nacional.
Es hora, de que el Congreso evalúe no solo a los miembros del Tribunal Constitucional para su acceso al cargo, sino la capacidad que tiene éste mismo, como órgano institucional colegiado del Estado, de garantizar sus actos jurídicos y su responsabilidad sobre ellos, dado que si sus acciones jurisdiccionales dañan al propio sistema evitando que avance, por la intromisión o exceso de sus funciones o competencias, es propio que deba responder de los daños que con ello ocasiones al país.
