El Congresista Walter Menchola, vocero del Grupo Parlamentario Alianza Nacional, manifestó que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena restituir el arancel de 12% al cemento importado, es flagrantemente inconstitucional resulta atentatoria contra los Tratados de Libre Comercio, fractura directamente la capacidad constitucional que tiene el Ejecutivo, de dirigir la política general de gobierno, donde se determina, que corresponde al Presidente de la República regular las tarifas arancelarias; y colisiona frontalmente con los principios del mercado, sentando una vez más, otro grave precedente para el Tribunal Constitucional, por el que una vez más se excede en su función, violentando la Constitución y las estructuras del Estado y los pilares de la democracia, mediante una intromisión inaceptable en la economía del país a través del control arancelario, mediante una sentencia jurisdiccional del Tribunal Constitucional, que atenta gravemente contra el orden económico interno. así como en el campo de nuestras relaciones internacionales, atentando contra el marco jurídico de los tratados de libre comercio suscritos por el país.
Esta Sentencia como otras, coloca al país en un peligroso estado de inestabilidad jurídica, cuando más se requiere de seriedad, prudencia y predictibilidad en este aspecto, mas aun en una época de dificultades económicas mundiales y cuando nuestro país muestra equilibrio en su manejo fiscal no podemos dar signos equivocados como el que nuevamente comete el TC, es obvio que los supuestos beneficios de ésta sentencia terminaran siendo perjudiciales para la propia industria nacional y para todo el país.
Es hora, de que el Congreso evalúe a los miembros del Tribunal Constitucional no solo para su acceso al cargo, sino también regule en forma objetiva y clara sus funciones, la consecuencia de sus fallos y la transparencia en su desempeño, puesto que si sus acciones jurisdiccionales dañan al país o al sistema democrático, por el abuso o exceso que hacen de sus funciones, es propio que ellos respondan por daños que con ello ocasionan al país.
Finalmente, en un régimen democrático, nadie puede estar por encima del pueblo, los órganos autónomos no son autárquicos. El Congreso de la Republica así como los designa, por encargo del pueblo, también puede y debe destituirlos, respetando el debido proceso, cuando estos abusan, exceden o no cumplen con sus funciones. no puede ni debe existir reyes sin corona.
Esta Sentencia como otras, coloca al país en un peligroso estado de inestabilidad jurídica, cuando más se requiere de seriedad, prudencia y predictibilidad en este aspecto, mas aun en una época de dificultades económicas mundiales y cuando nuestro país muestra equilibrio en su manejo fiscal no podemos dar signos equivocados como el que nuevamente comete el TC, es obvio que los supuestos beneficios de ésta sentencia terminaran siendo perjudiciales para la propia industria nacional y para todo el país.
Es hora, de que el Congreso evalúe a los miembros del Tribunal Constitucional no solo para su acceso al cargo, sino también regule en forma objetiva y clara sus funciones, la consecuencia de sus fallos y la transparencia en su desempeño, puesto que si sus acciones jurisdiccionales dañan al país o al sistema democrático, por el abuso o exceso que hacen de sus funciones, es propio que ellos respondan por daños que con ello ocasionan al país.
Finalmente, en un régimen democrático, nadie puede estar por encima del pueblo, los órganos autónomos no son autárquicos. El Congreso de la Republica así como los designa, por encargo del pueblo, también puede y debe destituirlos, respetando el debido proceso, cuando estos abusan, exceden o no cumplen con sus funciones. no puede ni debe existir reyes sin corona.
